El ‘Diccionario de los políticos’ de
Rico, por lo vigente de sus “definiciones”, más bien parece escrito ayer mismo
y no hace ciento sesenta años.
Abnegación: “cualidad desconocida en los políticos a pesar de que
casi todos hacen alarde de ella”. Juan Rico y Amat no se andaba por las
ramas en 1855, aprovechando que el “bienio progresista” había rebajado las
calores de Isabel II, aquella que se autodefinía “española hasta las cachas”,
esquivando así los peligros que para las opiniones arriesgadas conllevaba la
anterior etapa política, la “década ominosa”. Alicantino y abogado de
profesión, ya había desempeñado labores políticas en los gobiernos civiles de
Zaragoza y Barcelona, de ahí el título alternativo de su Diccionario: “verdadero
sentido de las voces y frases más usuales entre los mismos, escrito para
divertimento de los que ya lo han sido y enseñanza de los que aún quieren serlo”.
Los que se han dedicado a la cosa pública siempre han sido objeto de los
envenenados dardos de sus contemporáneos, si bien nuestro autor parecía que más
bien estuviese pertrechado con el “pilum” de las antiguas Legiones. Habla de los “abusos” como una “hierba muy
perjudicial que crece y se arraiga extraordinariamente en los campos de las gentes
que mandan”. Lo clavó. La Constitución de entonces era la de 1845, la única
hasta el momento que nació de acuerdo al procedimiento de reforma estipulado en
la anterior. Todo un logro. Para nuestro autor, “no hay mucho malo en lo que
encierra, lo rematadamente malo son los comentarios y aplicaciones que se hacen
de sus doctrinas”. Hablamos de una carta magna que fue la encarnación más
genuina del liberalismo doctrinario, que hacía descansar la soberanía nacional
en las Cortes con el Rey y que disminuía el censo electoral hasta un raquítico
uno por ciento de la población española. Cuando llega a la palabra “corrupción”,
parece que escuchemos a un periodista de nuestros días: “epidemia contagiosa
que provoca la marcha al extranjero, con objeto de cambiar de aires, de algún
depositario de fondos públicos, atacado mortalmente de esa enfermedad”. Es
justo lo que hizo, muchos años después, en 1937, el comunista Manuel Uribarri,
recién nombrado jefe del Servicio de Investigación Militar (SIM), la policía
política del gobierno Negrín, que acabó huyendo a Francia con un botín de
100.000 francos, un capital en aquellos tiempos, si acaso comparable al reunido
por el “conseguidor” de los ERE o por algún que otro avispado tesorero. Tampoco
se corta don Juan cuando define la “Diputación” como la “escuela de
primera enseñanza donde se aprende por algunos el arte de hacer fortuna”.
Hoy en día quizás deberíamos aplicar esta definición a la voz “Ayuntamiento”.
Y así una infinidad de conceptos hasta completar una obra de 336 páginas que
aguardan en los anaqueles del Legado Soto Molina de la Biblioteca Municipal a
disposición del público investigador. NATALIO
BENITEZ RAGEL.
